Miami aprueba acuerdo que permite que policías locales actúen como agentes de inmigración bajo supervisión de ICE

Por Isabel Rosales, CNN

Miami, la segunda ciudad más grande de Florida, aprobó un controvertido acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que permite que ciertos agentes de policía locales actúen como agentes de inmigración en capacidad limitada y bajo supervisión de ICE.

Este martes, la Comisión de la Ciudad de Miami votó 3 a 2 a favor de unirse al programa 287(g) de ICE. Este acuerdo faculta a algunos agentes estatales y locales, durante operativos rutinarios, a interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, además de darles acceso a la base de datos y sistema de gestión de casos de ICE. Más de la mitad de los habitantes de Miami nacieron en el extranjero, según datos del Censo de EE.UU.

El comisionado de Miami, Damian Pardo, quien votó en contra de la moción junto con la comisionada Christine King, dijo en un comunicado a CNN: “Como defensor de toda la vida de una vía legal para la ciudadanía estadounidense y partidario del TPS, no estoy a favor del 287(g)”.

“Independientemente de lo bien que este plan pueda ser implementado por las agencias locales de seguridad, y además de las consideraciones de derechos humanos, me preocupa mucho el clima hostil que estas políticas crean para los inmigrantes”, afirmó.

El controvertido programa ha recibido fuertes críticas, temor e incertidumbre por parte de residentes en todo el estado. Los habitantes han abarrotado los ayuntamientos para expresar su preocupación de que el 287(g) genere miedo, haga que las víctimas indocumentadas de delitos permanezcan en silencio en lugar de denunciarlos, exponga a las ciudades a responsabilidades legales y consuma recursos de los departamentos de policía.

La colaboración propuesta generó una oposición significativa de los residentes, quienes expresaron sus opiniones a los comisionados durante horas.

Durante el comentario público y antes de la votación, Abel Delgado, residente de Miami e hijo de exiliados cubanos, dijo a los comisionados que ICE enviará a inmigrantes como cubanos, haitianos y venezolanos “de regreso a la dictadura comunista y al caos” y advirtió que esta colaboración con ICE eventualmente llevaría a costosas demandas para la ciudad.

“El total desprecio de ICE por la constitución y los derechos civiles es algo en lo que la ciudad de Miami no debería involucrarse. Si están de acuerdo con el trato con ICE, están poniendo a los valientes y honestos agentes de policía de Miami en una posición imposible. Les están diciendo que arresten a nuestros vecinos por perseguir el sueño estadounidense”, afirmó. “Tomen la decisión correcta moral, financiera y legalmente. Digan no al 287(g)”.

“Mis estudiantes tienen miedo por sus padres”, comentó la maestra Madison Rodríguez. “Mis estudiantes tienen miedo de ir a la escuela, a la escuela de verano, de ir a su trabajo que les permite tener un techo y comida en la mesa. Se esconden y se refugian aún más. Como académica y profesora de estudios sobre el exilio y el totalitarismo, puedo decirles que los crímenes de lesa humanidad más atroces comienzan con la deportación, comienzan con la colaboración gubernamental como la que se propone hoy aquí”.

“Esto me preocupa mucho”, dijo la residente Amber Shapiro. “Miami no está legalmente obligada a firmar este acuerdo y ningún fondo federal depende de que lo hagamos. Me preocupa que si firmamos este acuerdo, se cree una muy mala relación con los agentes de policía locales”.

La ley estatal exige que “el sheriff o el jefe de correccionales que opere una cárcel de condado debe firmar un acuerdo escrito con ICE para participar en el programa de inmigración establecido bajo la sección 287(g)”.

Mientras varias ciudades de Florida se movilizaban para colaborar con ICE, un alcalde se opone a la 287(g) en los tribunales.

El alcalde de South Miami, Javier Fernández, quien es abogado, demandó al gobernador Ron DeSantis y a la fiscal general estatal buscando una sentencia declaratoria sobre si los departamentos de policía locales están obligados a participar, según la ley estatal, considerando que no operan una cárcel de condado.

“Creo, sin lugar a dudas, que las agencias policiales municipales locales —no creo— están obligadas a firmar [por] ley”, declaró.

Fernández dijo a CNN que ve un riesgo serio para su ciudad al permitir que sus agentes asuman funciones de inmigración, como enfrentar una demanda importante por detención indebida. No está dispuesto a entrar en ese terreno legal sin antes obtener una orden judicial que lo obligue, como exige la ley estatal.

“Estoy considerando cientos de miles de dólares en honorarios para un acusado, que podrían ser reembolsados ​​o no por los federales. También estoy considerando una posible responsabilidad que podría ascender a cientos de miles, si no millones, de dólares”, explicó. “No deberíamos ser tan arrogantes al respecto”.

Fernández llama a otros alcaldes a unirse a su demanda o al menos ejercer “prudencia cautelosa” y “actuar con más deliberación y esperar” el resultado de su demanda antes de firmar un acuerdo con ICE.

Sin embargo, rechazar una asociación con ICE implica enfrentar la ira pública y amenazas de la administración del gobernador DeSantis, como descubrió la ciudad de Fort Myers en marzo.

Tras votar inicialmente en contra del 287(g), el fiscal general de Florida, Jame Uthmeier, publicó una carta en la que calificó el rechazo de esta colaboración migratoria por parte del consejo de Fort Myers como una “violación grave y directa” de la ley estatal que prohíbe las “ciudades santuario”. El gobernador, advirtió Uthmeier, tiene la autoridad ejecutiva para destituir a los miembros del consejo municipal.

“Las políticas de santuario no son toleradas ni legales en Florida”, escribió en la carta.

El consejo de Fort Myers luego cambió de postura y aprobó la medida por unanimidad.

Hasta el 16 de junio, ICE firmó más de 700 memorandos de acuerdo para programas 287(g) en 40 estados, según su sitio web.

Florida, por mucho, lidera el país en cuanto a la cantidad de estos acuerdos, descritos por ICE como un “multiplicador de fuerza”, a medida que el Gobierno de Trump intensifica su ofensiva nacional contra la inmigración. Los acuerdos aprobados abarcan una amplia gama de entidades y ciudades del estado, como Coral Gables, Ft. Myers, universidades como Florida Gulf Coast e incluso entidades como el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.

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